La Asamblea Legislativa boliviana aprobó una ley que establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio o formar una unión libre, eliminando las excepciones que permitían matrimonios de menores con autorización de padres o jueces. Esta medida representa un avance histórico en la protección de la infancia y adolescencia en el país andino.
Decenios de matrimonios infantiles llegan a su fin
Hasta ahora, el Código de Familia de Bolivia permitía que menores de 18 años contrajeran matrimonio si contaban con la autorización de sus tutores o mediante una orden judicial. Esta práctica afectó principalmente a niñas y adolescentes, quienes en muchos casos se veían obligadas a abandonar la escuela y asumir responsabilidades propias de la vida adulta antes de tiempo.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, entre 2014 y 2023 se registraron 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años y 4.804 uniones de adolescentes de 16 a 17 años, todos posibles gracias al consentimiento de los padres. Esta cifra refleja la persistencia de un problema social que vulnera derechos fundamentales y limita el desarrollo integral de las menores.
La aprobación de la nueva ley pone fin a décadas de esta práctica, marcando un cambio significativo en la legislación boliviana y alineando al país con estándares internacionales de protección de la infancia, como los establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Organización de las Naciones Unidas.
La nueva ley y su impacto en la protección de la niñez
Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la ley, cuatro meses después de que el Senado la sancionara. La normativa establece que “la persona podrá constituir libremente matrimonio o unión libre, una vez cumplida la mayoría de edad”, fijada en 18 años. Con esto, se elimina cualquier posibilidad de que menores puedan casarse mediante autorización de adultos o intervención judicial.
La diputada Betty Yañiquez destacó que la medida busca proteger a la población vulnerable y garantizar que niñas y adolescentes puedan vivir plenamente su niñez, sin verse obligadas a asumir responsabilidades adultas prematuramente ni ser víctimas de decisiones impuestas por adultos.
Además del impacto legal, la ley tiene un efecto social significativo: fortalece la educación de las jóvenes al evitar interrupciones tempranas en su escolaridad, promueve la igualdad de género al proteger a las niñas de matrimonios forzados y contribuye a la reducción de la violencia intrafamiliar vinculada a estas uniones.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han celebrado la medida, señalando que representa un avance fundamental en la lucha contra las prácticas que perpetúan la desigualdad y la vulnerabilidad de la infancia en Bolivia. Con esta legislación, el país se suma a otros países de América Latina que han tomado medidas similares para eliminar el matrimonio infantil y garantizar la protección integral de niñas y adolescentes.
Impacto regional: La nueva ley no solo transforma la legislación nacional, sino que envía un mensaje claro a la región: la protección de los derechos de la infancia y adolescencia es prioritaria. Bolivia se convierte así en un ejemplo de avance social y político, donde la niñez y la adolescencia comienzan a ser reconocidas como etapas de desarrollo que requieren cuidado, educación y respeto absoluto a sus derechos fundamentales.
