A solo dos semanas de las elecciones generales del 1 de febrero, la estabilidad política de Costa Rica se ve sacudida por una grave revelación. El Gobierno denunció este martes la existencia de un complot para asesinar al mandatario Rodrigo Chaves, basado en información de inteligencia que señala el pago a un sicario para ejecutar el atentado.
Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), presentó la denuncia formal ante la Fiscalía tras recibir datos de una “fuente confidencial”. Este anuncio ocurre en un contexto de máxima tensión política, con el oficialismo liderando las encuestas bajo la figura de la exministra Laura Fernández, quien promete profundizar el modelo de “mano dura” de Chaves.
Entre la visita de Bukele y la tensión electoral
El supuesto plan criminal coincide con la llegada al país del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Ambos mandatarios tienen previsto colocar la primera piedra de una nueva cárcel de máxima seguridad, inspirada en el modelo salvadoreño para combatir el narcotráfico y la inseguridad.
La oposición costarricense ha cuestionado el momento de la denuncia, sugiriendo que podría ser una estrategia para blindar la narrativa oficialista. Sin embargo, el jefe de inteligencia evitó vincular el complot con la contienda electoral, aunque confirmó un refuerzo inmediato en la seguridad del presidente y su familia.
Un choque de poderes sin precedentes
Este incidente añade leña al fuego en la relación de Chaves con las instituciones democráticas del país. Durante su gestión, el mandatario ha mantenido enfrentamientos abiertos con:
- La Corte Suprema y la Fiscalía: A quienes acusa de sabotaje.
- El Congreso: Que ha intentado retirar su inmunidad en dos ocasiones.
- El Tribunal Supremo de Elecciones: Por señalamientos de deriva autoritaria.
Mientras el Gobierno advierte sobre amenazas de muerte, sus detractores señalan que se trata de un discurso populista para consolidar el control sobre el Poder Judicial y el Legislativo en los próximos comicios.
