Washington – La Corte Suprema de los Estados Unidos comenzó este lunes las audiencias orales para determinar si empresas estadounidenses y cruceros internacionales deben pagar indemnizaciones millonarias por el uso de propiedades confiscadas por el Gobierno de Cuba en 1960.
El proceso se centra en dos demandas de alto perfil que cuentan con el respaldo explícito de la Administración Trump, en un momento de máxima tensión diplomática y económica entre ambos países.
Las claves del conflicto judicial
El debate jurídico gira en torno al Título III de la Ley Helms-Burton (1996), que permite a ciudadanos y empresas de EE. UU. demandar a quienes “trafiquen” con bienes expropiados tras la Revolución de 1959.
- Havana Docks vs. Cruceros: La compañía reclama compensación a Royal Caribbean, Carnival, Norwegian y MSC por operar en la Terminal de Cruceros de La Habana, propiedad confiscada en 1960. Aunque un juez inicial ordenó pagos de 100 millones de dólares por cada naviera, el Supremo debe decidir ahora si restablece dicha sentencia.
- Exxon Mobil vs. Cimex: La petrolera busca reparación por una refinería y más de 100 estaciones de servicio que hoy operan entidades estatales cubanas. Es la primera vez que una corporación de este calibre lleva a entidades de la isla ante la máxima instancia judicial estadounidense.
Presión política y económica
La postura de la Casa Blanca ha sido contundente. A través del Departamento de Estado, el Gobierno ha instado al Supremo a fallar a favor de los demandantes, calificando las expropiaciones de la “era Castro” como ilícitas.
Este escenario legal coincide con una crisis energética aguda en la isla, exacerbada por los aranceles impuestos por Washington a los proveedores de crudo de Cuba, lo que ha paralizado gran parte de la actividad económica en el país caribeño. Se espera que el fallo definitivo de la Corte se haga público hacia el verano de 2026.
