El Parlamento de Transición del país africano sancionó por unanimidad una norma que impone penas de prisión y multas contra personas homosexuales, en nombre de las “costumbres y tradiciones”. La medida también prevé la expulsión de extranjeros y ha despertado preocupación por el retroceso en derechos humanos en la región.
El Parlamento de Transición de Burkina Faso aprobó este lunes un nuevo “código personal y de las familias” que criminaliza la homosexualidad con penas de entre dos y cinco años de prisión, además de sanciones económicas. El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, defendió la medida afirmando que responde a las “costumbres y tradiciones burkinesas”, en un discurso que ha generado críticas dentro y fuera del país.
“Si la persona que comete estas prácticas homosexuales es asimilada, y decimos bien asimilada, incluso todos los comportamientos extraños, si lo sentimos así, irá ante el juez”, declaró Bayala, abriendo la puerta a interpretaciones amplias y arbitrarias por parte de los tribunales.
Una ley con alcance contra extranjeros
La nueva legislación no solo se aplicará a ciudadanos burkineses. En el caso de los extranjeros, la sanción será la expulsión del país. El texto fue aprobado de manera unánime por los 71 miembros de la Asamblea Legislativa de Transición, un órgano no elegido democráticamente que fue instaurado tras el golpe de Estado militar de enero de 2022 contra el entonces presidente Roch Marc Christian Kaboré.
Sustitución de la antigua “ley Zatu”
El nuevo código reemplaza la llamada “ley Zatu” de 1990, incorporando cambios de amplio alcance en la vida civil:
- Elevar la mayoría de edad de 18 a 20 años, aunque el matrimonio seguirá siendo legal desde los 18.
- Reconocer los matrimonios consuetudinarios y religiosos.
- Digitalizar el registro civil.
- Permitir a las comunidades decidir si los hijos llevarán el apellido del padre o la madre.
- Restringir la adopción de niños burkineses solo a quienes acepten los “valores sociales del país”.
- Un retroceso en África Occidental
Con esta decisión, Burkina Faso se suma a los más de 30 países del continente africano que penalizan la homosexualidad. En los últimos años, países como Ghana y Uganda han endurecido sus normativas, consolidando un patrón regional de retroceso en materia de derechos y libertades.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta ley abre la puerta a una mayor persecución, estigmatización y violencia contra la comunidad LGBTQ+. También remarcan que el discurso de “defensa de tradiciones” suele ser utilizado por gobiernos autoritarios para restringir libertades y reforzar el control social.
La aprobación del nuevo código ocurre en un contexto de fuerte militarización en Burkina Faso, bajo la junta liderada por Ibrahim Traoré, que gobierna desde el golpe de Estado de 2022.