La tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo punto crítico. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño advirtió formalmente sobre el «riesgo de uso de la fuerza militar de EE. UU.» en su territorio, una alerta que surge tras la decisión de Washington de declarar como organizaciones terroristas a las principales bandas criminales del país sudamericano: el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su firme rechazo a esta designación. Según el gobierno estadounidense, este estatus faculta a sus fuerzas de seguridad a desplegar operativos globales contra los líderes de estas bandas en cualquier parte del mundo.

El impacto de la designación antiterrorista de Washington
En una carta enviada al Parlamento, el canciller brasileño Mauro Vieira alertó que esta clasificación unilateral podría ser utilizada por la Casa Blanca como una justificación legal para ejecutar acciones extraterritoriales que vulneren las instituciones y la soberanía del país.
«Existe el riesgo de uso de la fuerza militar de Estados Unidos contra el territorio nacional», sentenció Vieira en el documento.
La estrategia de la administración de Donald Trump de catalogar como grupos terroristas a los carteles de la región comenzó en 2025, afectando inicialmente a organizaciones como el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y el Tren de Aragua de Venezuela. Bajo este marco, Washington ya ha realizado incursiones armadas letales en territorio venezolano y operaciones interceptoras en aguas del Caribe y el Pacífico.
El argumento de EE. UU. para incluir al PCC y al CV en esta lista negra es que sus redes ilícitas de narcotráfico operan activamente mucho más allá de las fronteras brasileñas.
Polarización en América Latina y fractura política en Brasil
La medida de Washington ha generado posturas divididas en el continente:
- Oposición: Países como Brasil y México rechazan tajantemente la injerencia y las designaciones unilaterales.
- Respaldo: Gobiernos como los de Ecuador y Honduras se alinean con la doctrina estadounidense.
A nivel interno, el panorama de seguridad ha encendido la campaña electoral brasileña de cara a los comicios de octubre. La oposición de derecha, liderada por el precandidato presidencial Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro—, celebró la medida de Washington y acusó a Lula de mantener una postura laxa frente al crimen organizado. Por su parte, la Cancillería sostiene que la decisión es jurídicamente inadecuada y no aporta beneficios reales a la cooperación internacional contra el narcotráfico.
Aranceles económicos: El otro frente de tensión bilateral
El conflicto de seguridad coincide con una escalada de tensiones comerciales. La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) propuso aplicar un arancel general del 25% a diversos productos de exportación brasileños tras una investigación por supuestas prácticas comerciales desleales, acusación que Brasilia desmiente de forma categórica apuntando al superávit comercial que Washington mantiene con el país.
Esta disputa arancelaria evoca las sanciones del 40% impuestas por EE. UU. en 2025, luego de que Trump calificara de «cacería de brujas» el proceso judicial contra Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.
El gobierno de Lula mantiene una postura pesimista respecto a las negociaciones actuales y se prepara para la inminente aplicación de estas nuevas barreras comerciales, cuyo anuncio oficial por parte del USTR está previsto para mediados de julio.
