El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó este martes la entrega de más de 85.000 hectáreas en concesiones mineras a tres empresas chinas, según resoluciones publicadas en el diario oficial La Gaceta. La medida profundiza la dependencia económica de Nicaragua respecto de Pekín y genera preocupación por su impacto ambiental y social.
Las concesiones fueron otorgadas por 25 años a las compañías Zhong Fu Development S.A. (casi 50.000 hectáreas en Río San Juan), Three Gold Coins Company S.A. (23.000 hectáreas en Nueva Segovia y Madriz) y Norther Mining Company S.A., que obtuvo permisos para explotar más de 11.800 hectáreas en Chinandega y Jinotega. Todas estas regiones están ubicadas en áreas de frontera con Costa Rica y Honduras, y en territorios donde residen comunidades indígenas y campesinas.
Comunidades en riesgo y la alianza con Pekín
Organizaciones ambientales en el exilio, como la Fundación del Río, alertaron que estos proyectos se están imponiendo en áreas protegidas y sin ningún tipo de consulta a las poblaciones locales. “Es una política de despojo amparada en la alianza entre el régimen Ortega-Murillo y el capital chino”, denunció la ONG.
El acercamiento con China se consolidó en 2021, cuando Managua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para alinearse con Pekín. Desde entonces, empresas chinas han ganado terreno en sectores clave como transporte, infraestructura, seguridad, salud, comercio y ahora minería, consolidando un nuevo mapa de poder en el país.
La expansión de capitales chinos en Nicaragua se produce en un contexto de creciente control político interno y de aislamiento internacional del régimen. Las concesiones mineras, lejos de ser un simple acuerdo económico, parecen marcar un paso más en la entrega de recursos naturales a potencias extranjeras, a costa de la soberanía nacional y de los derechos de las comunidades locales.
