El año 2025 se ha convertido en el periodo más violento registrado para las mujeres en Ecuador, una situación marcada por la alarmante expansión de los feminicidios vinculados directamente a las estructuras del crimen organizado. Esta realidad crítica y de género permanece en gran medida oculta e invisibilizada por las cifras oficiales, quedando diluida en el contexto de la violenta disputa entre los grupos delictivos.
Según información de la Fiscalía ecuatoriana, un total de 678 mujeres fueron asesinadas entre enero y el 16 de noviembre de este año, la cifra más alta de la que se tiene registro. Pese a esto, solo 49 de estos crímenes han sido clasificados formalmente como feminicidios.
Esta estadística oficial presenta una gran disparidad con los datos levantados por la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador. Esta coalición documenta 349 asesinatos de mujeres por violencia machista hasta el 15 de noviembre. Lo más preocupante es que al menos 224 de estos casos están asociados a hechos criminales y al conflicto de bandas, superando a los 112 registrados en el contexto de relaciones íntimas o sexuales.
Los Cuerpos de Mujeres: Instrumento del Terror Narco
Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación Aldea y responsable del monitoreo, insiste en la necesidad de un cambio radical en la forma en que se investigan estos crímenes. “Para entender estos feminicidios hay que analizar cada caso y eso no lo está haciendo el sistema de justicia y la Policía”, señala la activista.
Guerra critica que, al recoger los cuerpos, los casos son clasificados apresuradamente como “muertes colaterales o por sicariato”, un enfoque que despoja a las víctimas de su identidad y las agrupa en el “costal de la violencia en general”, ocultando el componente machista.
“Se usan los cuerpos de estas mujeres para marcar territorios, para dejar un mensaje clarísimo y aleccionador en esas zonas que están en disputa entre los grupos delincuenciales”, afirma Guerra, destacando que el móvil es un mensaje de poder y control.
Un informe de la ONU de 2024 sobre la repercusión del crimen organizado ya advertía que los casos tipificados como feminicidio en Ecuador suelen limitarse a aquellos perpetrados por la pareja o expareja de la víctima.
Esta delimitación tiene como efecto la invisibilización de los “feminicidios no íntimos” que ocurren frecuentemente en el marco de las actividades de las bandas. En estos casos, la ejecución puede ser por un tercero, motivada por los vínculos de la víctima con miembros de las estructuras, problemas internos de la organización o el tráfico de drogas, entre otros detonantes.
La Falta de Perspectiva de Género en la Judicialización
La Fundación Aldea recalca que es fundamental que todos los asesinatos de mujeres se investiguen como feminicidios desde el inicio, en línea con los protocolos de la Fiscalía. También denuncian que las peticiones de asesinato de mujeres hechas por sus parejas que están en prisión se hacen pasar por robos, secuestros o sicariato.
Elizabeth Sandoval, miembro del Equipo de Género de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, indica que sí se intenta investigar con perspectiva de género. No obstante, menciona las dificultades para “recabar la información suficiente para poder tener el tipo penal de feminicidio” debido a la falta de colaboración de testigos o la destrucción de pruebas.
Sandoval asegura que la Fiscalía busca lograr una sentencia, incluso si no es bajo la figura de feminicidio. Sin embargo, Geraldina Guerra sostiene que esta aproximación es una “simplificación” estatal de una realidad “compleja”, lo que resulta en la desprotección de las familias y la negación de una reparación adecuada a las víctimas.
