Georgia aprueba una ley represiva que criminaliza las protestas y limita las libertades civiles

El Parlamento de Georgia aprobó este jueves una nueva ley que contempla arrestos y penas de cárcel contra los participantes en protestas y manifestaciones que violen la normativa vigente, tras los disturbios registrados luego de las elecciones municipales del 5 de octubre.

Hasta ahora, los cortes de calles o carreteras durante manifestaciones eran sancionados con multas de 1.600 euros, pero la nueva legislación sustituye esa sanción por 15 días de arresto administrativo.

La medida también contempla sanciones para quienes cubran su rostro, pongan en peligro a otros manifestantes o impidan el accionar de la policía. El gobierno sostiene que se busca “mantener el orden y proteger la seguridad pública”, aunque la oposición y organizaciones europeas denuncian un retroceso en materia de libertades civiles.

Arrestos de hasta 60 días y penas de cárcel por reincidencia

De acuerdo con el nuevo Código Penal, los manifestantes que porten armas, objetos pirotécnicos o que se nieguen a disolver una protesta por orden policial podrán recibir penas de hasta 60 días de arresto.

En los casos de reincidencia —tras tres faltas por desacato o insultos a la policía— los acusados podrían enfrentar penas de hasta dos años de prisión.

El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, defendió la ley asegurando que “los cambios se corresponden con los estándares internacionales” y que las multas “han demostrado ser ineficaces”, por lo que era necesario “adoptar medidas más proporcionales”.

No obstante, la oposición y la Unión Europea criticaron duramente la aprobación de la norma, considerándola una herramienta de represión destinada a sofocar las crecientes protestas en Tiflis.

Kobajidze acusa a la UE y crece el malestar social

El primer ministro fue más allá y acusó a la “burocracia europea” de estar “implicada directamente en las acciones antigubernamentales contra los intereses nacionales de Georgia”.

Las manifestaciones contra el gobierno son constantes en la capital desde que Tiflis decidió aplazar hasta 2028 el inicio de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, una medida que generó indignación entre sectores proeuropeos.

Las autoridades informaron que más de 500 manifestantes resultaron heridos durante los disturbios de las últimas semanas, junto con 170 policías lesionados. Además, más de 50 detenidos podrían enfrentar largas condenas de prisión si se aplican los nuevos criterios de la ley.

Organizaciones de derechos humanos locales y europeas han advertido que la nueva normativa consolida una tendencia autoritaria en Georgia, donde el partido oficialista Sueño Georgiano mantiene un férreo control sobre las instituciones estatales.

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