Miles de personas salieron este domingo 21 de septiembre a las calles de Brasil para rechazar dos polémicas iniciativas legislativas: un proyecto que amplía la inmunidad de diputados y senadores y una ley de amnistía que podría beneficiar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, recientemente condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado.
Las manifestaciones se desarrollaron en más de una docena de ciudades, con epicentro en Brasilia y Río de Janeiro. En la capital, miles marcharon desde la Explanada de los Ministerios hasta el Congreso bajo la consigna “¡Sin amnistía!”. En Copacabana se esperaba un acto masivo con Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, íconos de la música popular brasileña, en apoyo a la movilización.
Un Congreso bajo presión y un país en la calle
El detonante fue la aprobación en la Cámara de Diputados —de mayoría conservadora— de la enmienda constitucional conocida como “Proyecto de Blindaje”, que exige un voto secreto del Congreso para permitir procesos penales contra legisladores. Sus críticos lo llaman “Ley de los Bandidos” y denuncian que blindaría a parlamentarios de investigaciones judiciales.
El malestar aumentó cuando, al día siguiente, los diputados dieron trámite urgente a otra iniciativa para amnistiar a los bolsonaristas condenados por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, incluyendo un posible perdón para el propio Bolsonaro. “Necesitamos pasar esta página de nuestra historia”, declaró el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario.
🇧🇷 | Bolsonaro en la mira: protestas multitudinarias en todo Brasil contra ley que podría beneficiarlo. pic.twitter.com/JkvrXhJnwI
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 22, 2025
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva también se pronunció contra ambas propuestas. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, alertó que “el crimen organizado podría infiltrarse en el Parlamento” si avanza la enmienda. Lula prometió vetar cualquier intento de amnistía y cuestionó duramente el blindaje legislativo.
Aunque ambas medidas avanzaron en la Cámara Baja, su aprobación definitiva enfrenta resistencia en el Senado y en la sociedad civil. Para muchos brasileños, el debate sobre la impunidad y la defensa del Estado de derecho se ha convertido en un punto de inflexión para la democracia del país.
