El Kremlin abrió una investigación contra el exoligarca Mijaíl Jodorkovski y otros 22 críticos del gobierno, a quienes acusa de financiar y organizar un supuesto complot internacional para derrocar a Vladimir Putin.
Las autoridades rusas iniciaron una investigación penal contra el empresario y opositor Mijaíl Jodorkovski, junto con otras 22 figuras vinculadas a movimientos antiguerra y críticos del Kremlin, por presuntamente planear un golpe de Estado contra el presidente Vladimir Putin.
Jodorkovski, exdirector de la petrolera Yukos y uno de los más conocidos disidentes rusos en el exilio, fue encarcelado durante una década por cargos que observadores internacionales consideraron motivados políticamente. Actualmente reside fuera de Rusia y mantiene vínculos con el Comité Antiguerra Ruso, una organización que Moscú declaró “indeseable” pero que sigue operando a nivel internacional.
Según el Servicio Federal de Seguridad (FSB), los acusados habrían contribuido a “financiar y reclutar unidades paramilitares ucranianas” con el objetivo de desestabilizar al Estado ruso, una afirmación que Jodorkovski rechaza categóricamente.
“La verdadera amenaza que representamos para Putin proviene de nuestra capacidad de ofrecer una fuente alternativa de legitimidad”, escribió Jodorkovski en la red social X. “Si nuestro trabajo lo desconcierta hasta este punto, entonces claramente estamos en el camino correcto”.
Denuncias de opositores por colaboraciones externas
En otra publicación, el opositor afirmó que el Comité Antiguerra “busca construir vínculos con instituciones internacionales y actuar en beneficio de los ciudadanos rusos, algo que el régimen ha abandonado por completo”.
Entre los otros investigados se encuentran el ex primer ministro Mijaíl Kasiánov, el campeón mundial de ajedrez Garry Kaspárov, el empresario Evgueni Chíchvarkin y el inversionista Mijaíl Kokórich, todos radicados fuera de Rusia y conocidos por su apoyo público a Ucrania.
El Comité Antiguerra Ruso, creado en 2022 tras la invasión a Ucrania, reúne a exfuncionarios, intelectuales y activistas rusos que se oponen a la guerra y promueven sanciones internacionales contra el régimen de Putin. Desde entonces, Moscú ha intensificado su persecución contra los disidentes, catalogando a decenas de ellos como “agentes extranjeros” o “traidores nacionales”.
La medida profundiza el cerco del Kremlin contra las voces críticas, en un contexto de creciente represión política y censura mediática dentro del país.
