La empresa francesa TotalEnergies quedó nuevamente en el centro de la polémica tras una denuncia presentada en Francia que la señala por presunta complicidad en crímenes de guerra cometidos en el norte de Mozambique en 2021, durante la ofensiva yihadista en la provincia de Cabo Delgado.
La presentación fue realizada ante la fiscalía francesa por el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), que acusa a la compañía de haber permitido, avalado o facilitado abusos graves por parte de fuerzas de seguridad mozambiqueñas encargadas de proteger el multimillonario proyecto de gas natural licuado ubicado en la península de Afungi.
Según la denuncia, decenas de civiles fueron detenidos, torturados y ejecutados dentro de contenedores metálicos utilizados por los militares en las inmediaciones del complejo de TotalEnergies. La empresa rechazó cualquier responsabilidad y aseguró no tener injerencia en las acciones de las fuerzas de seguridad estatales.
Un conflicto marcado por ataques y represalias
En marzo de 2021, grupos armados vinculados al Estado Islámico lanzaron un violento ataque contra la ciudad de Palma, ubicada junto al proyecto gasífero. El asalto dejó más de 1.500 civiles asesinados o desaparecidos, según investigaciones periodísticas citadas en la denuncia.
Tras ese ataque, testigos relataron que civiles que intentaron refugiarse cerca del perímetro controlado por las fuerzas de seguridad habrían sido acusados de colaborar con los insurgentes. Muchos fueron separados, encerrados en contenedores y posteriormente ejecutados. Las cifras exactas siguen sin confirmarse, pero estimaciones indican que podrían superar el centenar de víctimas.
Críticas a TotalEnergies y presión internacional
Organizaciones humanitarias sostienen que, al operar en una zona de conflicto y coordinar tareas con fuerzas de seguridad locales, TotalEnergies no podía desconocer el nivel de violencia y los riesgos para la población civil.
Para ECCHR, los ejecutivos de la compañía “no son actores neutrales” cuando trabajan en contextos de guerra, y deben ser investigados si facilitan abusos.
En paralelo, activistas ambientales y de derechos humanos presionan a los gobiernos y bancos europeos para que suspendan financiamiento al proyecto Mozambique LNG, que había sido presentado como una oportunidad histórica para el país africano.
Desde Londres, grupos ecologistas pidieron al Reino Unido retirarse definitivamente del proyecto, mientras que entidades bancarias francesas como Société Générale y Crédit Agricole ya dieron un paso atrás.
Un proyecto millonario bajo fuego
Pese a las denuncias y la persistente inseguridad en la región, TotalEnergies anunció este año el levantamiento de la cláusula de fuerza mayor que mantenía paralizado el proyecto desde 2021. Sus defensores aseguran que podría generar desarrollo y empleo en una de las zonas más pobres de África.
Pero sus detractores hablan de un desastre ambiental, financiero y ético que recuerda al reciente juicio contra la cementera francesa Lafarge, acusada de pagar a grupos yihadistas en Siria para mantener operativa una de sus plantas.
La causa ahora abierta en Francia podría marcar un precedente sobre la responsabilidad de las multinacionales que operan en zonas de conflicto armado.
