A pesar del masivo despliegue de operativos policiales y militares ordenados por el poder ejecutivo, los bloqueos de carreteras en Bolivia persisten y amenazan con profundizar la parálisis del país. Las jornadas de protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz han derivado en fuertes enfrentamientos en puntos estratégicos, dejando en evidencia un escenario de profunda conflictividad social, asfixia económica y denuncias por la represión ejercida por las fuerzas de seguridad estatales, manteniendo cercada a la sede de gobierno en La Paz.
Las causas del reclamo generalizado y la crisis económica
Las movilizaciones que mantienen en vilo al país agrupan a una coalición diversa de obreros, campesinos, maestros de escuela, comunidades indígenas y transportistas. El detonante central de las protestas es la compleja situación financiera del país, catalogada como la peor crisis económica en cuatro décadas, la cual está marcada por una severa escasez de dólares en el mercado formal y una inflación interanual que escaló al catorce por ciento en el mes de abril.
Las demandas de los manifestantes apuntan directamente a la gestión de Rodrigo Paz. Entre los principales puntos del reclamo se destacan la exigencia de aumentos salariales urgentes para compensar la pérdida del poder adquisitivo, la implementación de políticas efectivas para la estabilización de la economía, el rechazo absoluto a la privatización de empresas públicas y la renuncia del mandatario. La Central Obrera Boliviana, el sindicato más grande del país, ratificó su postura combativa exhortando a sus miembros a persistir en las calles al considerar que el gobierno no cederá mediante canales formales de negociación.
A este frente se suma el sector alineado con el expresidente Evo Morales. Campesinos pertenecientes a la región cocalera del Chapare decidieron tomar las instalaciones del aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, ante el temor de una inminente orden de captura contra el exmandatario. Desde su refugio, el líder socialista denunció la existencia de una operación militar conjunta para detenerlo, lo que provocó que los sindicatos agrarios decidieran sumarse de forma activa a los bloqueos de carreteras.
Operativos estatales y denuncias de represión en las rutas
La respuesta gubernamental frente a las protestas civiles se tradujo en una demostración de fuerza coordinada. En un intento por liberar los accesos clave hacia La Paz y El Alto, se ejecutó un operativo policial y militar que se extendió por más de doce horas consecutivas, con el desplazamiento de aproximadamente tres mil quinientos efectivos armados contra los manifestantes civiles que interrumpían el tránsito con barricadas.
El accionar de los contingentes de seguridad en la ruta que conecta Oruro con La Paz se caracterizó por el uso masivo de gases lacrimógenos para dispersar las concentraciones. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, la intervención de las fuerzas del orden público dejó un saldo preliminar de al menos cincuenta y siete personas detenidas y cinco civiles heridos, reavivando los cuestionamientos ante los métodos de contención implementados por el Estado.
Aunque los portavoces presidenciales manifestaron satisfacción tras asegurar el ingreso temporal de cargamentos esenciales de alimentos, combustibles y medicinas mediante el uso de la fuerza y el auxilio de un puente aéreo, la efectividad del operativo fue efímera. Tan pronto como se ordenó el retiro de los uniformados, los grupos de manifestantes regresaron para retomar el control de sus posiciones sobre el asfalto. Al concluir la jornada, la Administradora Boliviana de Carreteras confirmaba la persistencia de veintidós puntos críticos de bloqueo completamente activos en todo el territorio nacional.
