La caída de la natalidad dejó de ser únicamente una preocupación de demógrafos y economistas. Desde Rusia hasta China, Corea del Sur y buena parte de Europa, gobiernos observan cómo disminuye el número de nacimientos mientras aumenta la proporción de adultos mayores. Detrás aparece una cuestión estratégica: ¿qué ocurre con un Estado cuando cada generación es considerablemente menor que la anterior?
La tasa de reemplazo suele situarse alrededor de 2,1 hijos por mujer en poblaciones con baja mortalidad. Mantenerse prolongadamente por debajo de ese nivel no implica un colapso automático —la migración también modifica la población—, pero puede reducir la fuerza laboral y aumentar la presión sobre pensiones, sistemas sanitarios y cuidados.
Por eso la crisis de natalidad comienza a ingresar en el lenguaje de la seguridad económica e incluso del poder nacional.
Rusia: tener hijos como cuestión de Estado
Rusia ofrece uno de los ejemplos más políticos del fenómeno. Vladimir Putin lleva años vinculando públicamente las familias numerosas con el futuro nacional, mientras el Kremlin impulsa beneficios económicos y campañas para elevar los nacimientos.
El debate adquirió otra dimensión cuando Rusia prohibió en 2024 la difusión de contenidos considerados “propaganda” a favor de una vida sin hijos. La legislación prevé sanciones para quienes promuevan deliberadamente el rechazo a la maternidad o paternidad, aunque contempla excepciones para información religiosa vinculada al celibato.
La preocupación tiene también una dimensión económica. Rusia enfrenta escasez de trabajadores y una población envejecida, mientras la guerra contra Ucrania añade presión sobre su mercado laboral.
En este contexto, la demografía adquiere un significado que trasciende la familia: población significa también trabajadores, contribuyentes y capacidad económica futura.
Asia busca la fórmula para recuperar los nacimientos
El problema es especialmente intenso en Asia Oriental.
Corea del Sur registró en 2024 una fecundidad de apenas 0,75 hijos por mujer, aunque representó la primera recuperación después de nueve años consecutivos de descensos. El gobierno respondió ampliando licencias parentales, ayudas para el cuidado infantil, políticas de vivienda y beneficios económicos.
El caso surcoreano muestra otra cara de las políticas pronatalistas: en lugar de restringir decisiones reproductivas, intenta reducir los costos asociados a formar una familia.
China y Japón enfrentan dilemas semejantes mientras buscan adaptar economías construidas durante décadas sobre poblaciones abundantes y mercados laborales en expansión.
América Latina también envejece
La transformación no pertenece únicamente a Europa o Asia.
Según la CEPAL, América Latina y el Caribe alcanzaron en 2024 una tasa de fecundidad de 1,8 hijos por mujer, por debajo del reemplazo desde 2015. Argentina registró 1,50; Uruguay 1,40; Costa Rica 1,32 y Chile apenas 1,14.
Para 2050, las personas mayores de 60 años representarían alrededor del 25% de la población regional, unos 182 millones de habitantes.
La consecuencia será una transformación de los sistemas previsionales, sanitarios y de cuidados. Menos nacimientos significan eventualmente menos trabajadores jóvenes sosteniendo estructuras diseñadas cuando la pirámide poblacional era muy diferente.
¿Por qué las nuevas generaciones tienen menos hijos?
Reducir el fenómeno a una supuesta pérdida de interés por la maternidad o la familia resulta insuficiente.
La CEPAL relaciona la caída latinoamericana con múltiples transformaciones: mayor educación de las mujeres, participación laboral femenina, acceso a anticonceptivos, reducción de la mortalidad infantil y cambios en las preferencias reproductivas.
A eso se suman factores que aparecen en distintos países: costo de la vivienda, inseguridad laboral, dificultad para conciliar empleo y crianza y retraso de la edad para formar una familia.
Esto explica por qué entregar dinero por nacimiento no necesariamente revierte una tendencia demográfica de décadas.
Cuando la demografía se convierte en geopolítica
Aquí aparece el verdadero dilema.
Los Estados tienen razones económicas para preocuparse por su estructura poblacional. Pero existe una diferencia sustancial entre facilitar que quienes desean tener hijos puedan hacerlo y convertir la reproducción en una obligación política o moral.
La crisis de natalidad está obligando a gobiernos muy diferentes a experimentar con subsidios, guarderías, vivienda, licencias parentales, incentivos fiscales y campañas culturales. Algunos incorporan además discursos sobre patriotismo, familia y supervivencia nacional.
América Latina todavía dispone de tiempo para adaptar sus sistemas, pero el cambio avanza rápidamente. La CEPAL considera el envejecimiento uno de los cambios más profundos de la estructura demográfica regional y reclama políticas públicas capaces de responder a esa nueva realidad.
El debate de las próximas décadas no será simplemente cómo conseguir que nazcan más niños.
Será hasta dónde puede llegar un Estado para intentar modificar las decisiones reproductivas de su población y cómo sostener sociedades envejecidas sin convertir la autonomía individual en una variable de planificación nacional.
