Tres décadas después de una de las mayores tragedias en el Estrecho de Florida, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha lanzado un golpe judicial de alto impacto: la acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas civiles de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996, un ataque que costó la vida a cuatro personas.
La medida, anunciada con gran puesta en escena frente a la emblemática Torre de la Libertad de Miami en pleno Día de la Independencia de Cuba, imputa a Castro y a cinco pilotos militares los cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, homicidio y destrucción de aeronaves.
Un reclamo histórico bajo sospecha de oportunidad política
Para la comunidad del exilio cubano y los familiares de Armando Alejandre, Carlos Alberto Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, este anuncio representa una victoria moral largamente esperada. Los informes internacionales de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmaron en su momento que Cuba actuó con alevosía, disparando misiles desde cazas MiG-29 contra aeronaves indefensas en espacio aéreo internacional.
Sin embargo, resulta inevitable cuestionar el timing de esta ofensiva legal. ¿Por qué el Departamento de Justicia esperó exactamente 30 años para procesar a un hombre que ya tiene un pie en el siglo de vida y que difícilmente pisará una cárcel estadounidense?
La respuesta parece hallarse en la asfixiante coyuntura geopolítica actual. La acusación llega en un momento de máxima presión por parte de la administración Trump sobre la isla, que se encuentra al borde del colapso energético y social tras la caída de su principal aliado y proveedor de crudo, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Cuba en la penumbra: Entre el colapso interno y la retórica oficial
Mientras en Washington y Miami se celebraba la acusación, en las calles de La Habana la realidad es drásticamente distinta. Los cubanos enfrentan apagones generalizados que superan las 20 horas diarias, lo que paraliza los sistemas de bombeo y deja a la población sin acceso a agua potable ni alimentos básicos.
“La situación necesita una solución urgente. Hay muchísimos problemas: la electricidad, el agua, la comida… todo”, relata Mairobis Yanet, residente de La Habana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se dirigió directamente a la población de la isla acusando a la cúpula comunista de saquear miles de millones de dólares en lugar de invertir en el pueblo. Por su parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel respondió en redes sociales recurriendo al gastado guion del “sentimiento antiimperialista” y denunciando el bloqueo de combustible como un intento de asfixia y un “acto de barbarie” para forzar una transición.
El veredicto de la historia
Aunque la imputación formal contra Raúl Castro y la cadena de mando militar cubana cierra una herida legal y expone la brutalidad de la dictadura en 1996, en la práctica funciona como una herramienta de asfixia psicológica y política. Con un Raúl Castro retirado pero influyente a sus 94 años, y una Cuba sumida en la peor crisis de su historia moderna, este juicio histórico parece buscar el tiro de gracia para un régimen que ya se está quedando sin luz, sin petróleo y, ahora, sin impunidad jurídica.
