Un organismo internacional de supervisión del alto el fuego en Sudán del Sur alertó este martes que los bandos en pugna han intensificado el reclutamiento de combatientes y el secuestro de menores, elevando el riesgo de una regresión hacia el conflicto abierto que el resto del continente pensaba superado.
Reclutamiento masivo y nuevos centros de entrenamiento
Según la Comisión Conjunta de Monitoreo y Evaluación Reconstituida (RJMEC), supervisada por la autoridad regional IGAD, el gobierno comenzó en junio una campaña para incorporar 4.000 nuevos soldados bajo el argumento de “mantener la paz”. En agosto, se habilitó un nuevo centro de entrenamiento militar.
Además, RJMEC recogió informes fidedignos que acusan tanto al gobierno como a grupos de oposición de secuestros o movilización forzada de menores para su uso en combate, así como de violencia sexual contra civiles. Estos datos ya han sido entregados al Consejo de Seguridad de la ONU.
Recrudecimiento del conflicto y colapso del acuerdo de paz
Desde fines de 2024, los enfrentamientos entre las fuerzas leales al presidente Salva Kiir y los grupos de oposición liderados por Riek Machar se han intensificado. Esta escalada alimenta temores de que el frágil acuerdo de paz de 2018 esté colapsando.
El pacto de 2018 contemplaba la formación de un gobierno de transición y la integración de todas las fuerzas en un ejército nacional. Pero muchas de sus cláusulas aún no se han cumplido, y su prórroga más reciente ocurrió en septiembre de 2024.
George Aggrey Owinow, presidente interino de RJMEC, advirtió que, de no abordarse con urgencia las disputas actuales, “existe un alto riesgo de revertir todos los avances logrados”.
Cifras inquietantes: desplazamientos y bajas civiles
Entre enero y septiembre de 2025, las muertes de civiles por el conflicto aumentaron un 59 % respecto al mismo lapso del año anterior, según datos presentados en la reunión de supervisión. Durante ese periodo, unos 321.000 personas fueron desplazadas y los obstáculos al acceso humanitario se duplicaron.
Reacción oficial y perspectivas de riesgo
El ministro del Gabinete, Martin Elia Lomuro, trató de minimizar las alertas: aseguró que las preocupaciones fueran ciertas, pero negó que la situación descarrilaría el proceso de paz.
Mientras tanto, Riek Machar enfrenta un juicio por terrorismo, asesinato y crímenes de lesa humanidad. Está bajo arresto domiciliario desde marzo, tras una ofensiva de su milicia que causó decenas de muertos. Machar niega las acusaciones y ha solicitado que un organismo neutral investigue los hechos.
